Eduardo García Macías ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 18 de marzo; en enero de 2004, la Audiencia Nacional le condenó a cuatro años de prisión bajo la acusación de tenencia de explosivos.

Su familia ha solicitado para él un indulto, con la intención de que Eduardo, que ya pasó cerca de un año en prisión dentro del mismo proceso en el que ahora se le ha condenado, pueda abandonar cuanto antes la càrcel y volver a casa.

Para que la solicitud de indulto prospere, es necesario que Eduardo cuente con el màximo apoyo posible. A través de este dossier trataremos de explicarte por qué es importante que firmes la carta que acompaña a esta explicación y la envíes a la dirección que señalamos. Eduardo debe regresar lo antes posible.

Los «hechos»

Qué dicen que ha pasado?

En los primeros meses del año 2000, varios paquetes-bomba son enviados a diversos periodistas en Madrid, entre ellos Jesús Mª Zuloaga, director de La Razón; David Jiménez, periodista de El Mundo; Raúl del Pozo, columnista de El Mundo; Alfredo Semprún, subdirector de La Razón, y al presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Los envíos van acompañados por octavillas en las que se pide la supresión del régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, clasificación que se aplica a los presos de màxima seguridad, con especiales restricciones de derechos en prisión, el fin de la dispersión y la excarcelación de presos enfermos).

Las investigaciones policiales hacen saber a los medios de comunicación que una «célula» anarquista, que trabaja en estrecha colaboración con presos FIES encarcelados, es la responsable de los envíos. Concretamente, se señala a Claudio Lavazza, un preso italiano que ha promovido y llevado a cabo dos huelgas de hambre en la càrcel para la supresión del régimen FIES, y a dos supuestos contactos, también encarcelados, Ghibert Ghislain y Santiago Cobos, como los responsables de haber indicado el envío de esos paquetes a tres personas, entre ellas Eduardo.

Eduardo García, en su condición de miembro en aquellos momentos de una organización de apoyo a anarquistas, es, por tanto, señalado junto con otras dos personas como supuesto responsable de estos hechos. El 8 de noviembre de 2000 se ordenaron los registros de los domicilios de los tres y, en la casa de Eduardo, donde reside con su familia, la policía dice encontrar 36,885 gramos de una sustancia explosiva.

El 10 de noviembre de 2000, el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional decretó la prisión provisional bajo fianza de cinco millones de pesetas para Eduardo. Una semana después, en medio de una intensa campaña mediàtica, el juez Del Olmo rectifica y decreta la prisión provisional, comunicada y sin fianza para Eduardo.

El 20 de diciembre de ese mismo año, este mismo jugado emite un auto en el que esa prisión provisional, hasta ahora incondicional, se convierte en condicional, lo que limita áun más los derechos de Eduardo; es en este auto en el que se basa la jueza Teresa Palacios para mantener la prisión a Eduardo, sin que medie una previa audiencia con el imputado. Así, en espera de juicio, y en virtud de la magnitud de los cargos que se le atribuyen, Eduardo pasa casi un año de prisión preventiva en Soto del Real, entre noviembre de 2000 y octubre de 2001.

La presión mediàtica, avivada por la condición de periodistas de los destinatarios de los envíos, señala ràpidamente a Eduardo y sus compañeros como responsables, y, llegando a tacharlos de «terroristas», inicia un juicio paralelo en el que se «condena» a Eduardo sin esperar a que el juzgado se pronuncie.

Durante la celebración del juicio, en enero de 2004, la Audiencia Nacional absuelve a Eduardo de los dos delitos de asesinato en grado de tentativa sin que haya reparación de su imagen ni se valoren los perjuicios que semejante acusación pudieran haberle causado. Se mantiene, sin embargo, la acusación de tenencia de explosivos. Supuestamente, y siempre según la versión oficial, los casi 37 gramos de pólvora cloratada, fueron encontrados en el cajón de la mesilla de la habitación de Eduardo.

La sentencia se recurre ante el Tribunal Supremo, pero el recurso es rechazado en septiembre de 2004. Eduardo ingresó en prisión el pasado mes de marzo de 2005 para cumplir los cuatro años a los que fue condenado.

Su defensa ha recurrido el caso ante el Tribunal Constitucional, pero, en la medida en que Eduardo ya ha ingresado en prisión, su familia ha decidido presentar la solicitud de un indulto con la intención de que Eduardo salga lo antes posible de la càrcel.
Qué decimos que ha pasado?

L@s amig@s de Eduardo hemos elaborado un relato propio de su caso, que es el que vas a leer a continuación. Utilizamos para ello nuestras impresiones personales de este largo proceso, el relato del propio Eduardo y parte de los argumentos que ha esgrimido su defensa en los juicios.

Tan sólo te pedimos que dediques unos minutos de atención a estas líneas, que compruebes como el relato oficial no parece ser lineal y que, en la medida en que hay algunas irregularidades importantes, puede caber la posibilidad de que lo que nos contaron los jueces y los medios de comunicación no sea cierto. Si crees, como nosotros, que Eduardo es inocente, firma las cartas de apoyo.

Nosotr@s entendemos que Eduardo ha sido víctima de un montaje policial.Con esto nos referimos a que Eduardo ha sido encarcelado injustamente en virtud de pruebas poco fiables y a que una vez dentro de la cárcel se le mantiene en un régimen FIES III que no le corresponde. Todo ello como consecuencia de la incapacidad de los jueces por reconocer el error y absolver a Eduardo, y a lo que podría parecer una orden del poder político (Ministerio del Interior del momento, con Jaime Mayor Oreja a la cabeza) por buscar una rápida solución a unos hechos que aún hoy no han sido esclarecidos y que facilitan la criminalización de grupos de apoyo de similares carcaterísticas al que integraba Eduardo entonces.

Como acabará confirmando la sentencia del 12 de enero de 2004, Eduardo no envió los paquetes-bomba a los que se refiere la primera parte del relato oficial. Las pruebas que se efectúan en el juicio determinan que las huellas encontradas en los paquetes no son de Eduardo. Las pruebas caligràficas demuestran que no escribió a dirección en los sobres. Las pruebas de ADN demuestran que no pegó los sellos con su saliva. En definitiva, no hay pruebas que le vinculen al envío de los paquetes.

Sin embargo, la policía señala ràpidamente a Eduardo... Por qué?

La primera explicación que se maneja al respecto también ha sido desmentida ante los tribunales. Las primeras investigaciones señalan que Claudio Lavazza, que estáencarcelado, clasificado como FIES, da a los tres presuntos miembros de una supuesta «célula» la orden de enviar esos paquetes. Sin embargo, no sólo se ignora que, en su condición de FIES, todas sus comunicaciones estàn intervenidas, lo que hace pràcticamente imposible la existencia de esa orden, sino que ademàs, no se presentan cargos contra Lavazza ni ninguno de sus supuestos cómplices dentro de la càrcel. Por qué no se procesó a los presuntos autores intelectuales?

Durante días, un confuso relato mediàtico relaciona a tres presos, Lavazza, Ghislain y Cobos, con tres personas fuera. Eduardo repite una y otra vez que sólo conoce de vista a las otras dos. Sin embargo, los medios señalan una división de tareas muy específica entre estas tres personas, ninguna de las cuales llegaráa ser juzgada: una, porque desaparece, y otra, porque los indicios contra ella carecen de fundamento. Por qué Eduardo entonces?

Entendemos que la decisión de investigarle està, cuando menos, motivada por causas confusas. La màs probable es la que en primer lugar agitan los medios de comunicación: Eduardo milita en una organización que hace trabajo político de apoyo a presos, tanto mediante campañas de solidaridad, como mediante el apoyo directo a través de correspondencia (que, como hemos señalado, en el caso de los presos FIES, está intervenida).

Nos encontramos, además, en un contexto político complicado, en el que la política de .Tolerancia 0. de los gobiernos del Partido Popular favorece los golpes represivos sobre los movimientos sociales. La vinculación de Eduardo a la Cruz Negra Anarquista (CNA) parece, al mismo tiempo, una excusa muy apropiada para justificar las sospechas contra él, y, además, permite cierto control (alentado por el entonces Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, muy empeñado en la persecución de la movilización social de cualquier signo) sobre las actividades de grupos similares.

La secuencia se desarrolla entonces más o menos así: lo paquetes-bomba van acompañados de textos que exigen el fin del régimen FIES. La policía busca, presionada por la campaña que desatan los medios de comunicación, a sospechosos implicados en colectivos de apoyo a presos. A partir de aquí, el proceso deja de ser lógico y establecen conexiones entre personas que, como demuestran las investigaciones judiciales, no se dieron nunca. Buscan, además, unas huellas dactilares en los paquetes bomba, pertenecientes a alguien no identificado. Pese a todo, insisten en registrar la casa de Eduardo.

La sentencia que condena a Eduardo por tenencia de explosivos dice expresamente que ni las huellas, ni la letra, ni el ADN encontrados en la carta se corresponden con las de Eduardo. Entonces Por qué le investigan? Entendemos que, llegados a este punto, es lícito hablar de un montaje policial acuciado por la urgencia de detectar a un responsable, sin pruebas que le incriminen y con el apoyo de los voceros de la campaña. No existe investigación previa, la petición deentrada y resgistro contiene muchos errores respecto a las actividades de Eduardo y las afirmaciones en torno a la existencia de una «célula» carecen de base, basàndose en elucubraciones.

Es entonces cuando se ordena el registro, pero la autorización no procede del juzgado competente, el Juzgado Central de Instrucción nº 2, sino el nº 6 de guardia. La policía es autorizada a entrar y comienza la grabación del registro. Siguen entonces las irregularidades a las que hacíamos alusión al comienzo de este relato:

-El registro duró tres horas, pero la cinta de la grabación dura sólo cuarenta minutos. Se efectúan cortes y no hay voz que contextualice lo que estásucediendo: dos policías uno de ellos con la càmara van a la habitación de Eduardo solos, antes de que la habitación sea registrada en presencia del Secretario judicial y otros testigos.

-Es entonces cuando la policía dice haber encontrado un paquete de papeles envuelto que contiene supuestamente pólvora cloratada. Sin embargo, el vídeo no registra el momento en que pretendidamente aparece la pólvora. En el vídeo se ve a un policía con algo en la mano, que se interroga sobre su contenido.

-El cajón donde dicen haberla encontrado ya estaba abierto, pero nadie había visto nada en el primer registro. Por qué aparace algo que inicialmente no estaba?

-Cuando el policía dice haber encontrado unos papeles con algo en su interior, no sabe qué contiene, pero cuando los familiares de Eduardo se acercan a verlo, lo retira, alertando del peligro que supone.
Por qué lo hace, si no sabe qué contiene?

-Por último, los agentes que efectúan el registro no son los mismos que testifican en el juicio contra Eduardo.

Tras el anàlisis del contenido del paquete, se establece que hay 36,885 gramos de clorato potàsico, carbón, azufre y restos de queroseno, que en conjunto son pólvora cloratada. Sin embargo, en sucesivos documentos de la Policía y los Tedax no consiguen establecer la cantidad final que contiene el paquete: pasan de ser 80 gramos a ser 36 a ser 17,2 gramos. Finalmente se ponen de acuerdo en la cantidad intermedia, que entre otras cosas, permite a los Tedax afirmar que causaría efectos letales o lesivos en caso de que explotara.

Cabe recordar que esta sustancia de cantidades variables no coincide con la que es encontrada en los paquetes-bomba, de cuyo envío es absuelto.

En conjunto, tenemos un escenario confuso, con rectificaciones sucesivas a las que el propio juzgado resta importancia: se registra su casa en base a unas relaciones que resultaron ser falsas, se efectúa la orden con una grabación que no registra el hecho del que se le acusa; se le detiene y es puesto en libertad, para volver a ser encarcelado una semana después, cuando parecen descubrir que es una persona «peligrosa». Y todo ello coincidiendo con una campaña mediàtica que le relaciona con ETA y el GRAPO, con «células» anarquistas, presos con comunicaciones intervenidas y gente a la que no conoce, en medio de giros mediàticos que sacan a relucir las finanzas de su familia.

Todo esto nos hace pensar que, una vez descubiertas las irregularidades de la primera acusación (dos delitos de homicidio en grado de tentativa, de los que es definitivamente absuelto), se busca fabricar pruebas para no tener que reconocer que todo ha sido una broma de mal gusto, en el mejor de los casos, y un montaje, hablando con claridad.
Qué dicen los medios?

El tratamiento mediàtico del caso de Eduardo no sólo parece contribuir a la construcción de la figura de un peligroso terrorista (imagen que serádesmentida por la sentencia judicial, sin màs reparaciones que las estrictamente formales), sino que, de alguna manera, podría haber llegado a incidir en las decisiones de los encargados de juzgarle.

El juez Del Olmo decreta el ingreso en prisión de Eduardo, bajo fianza de cinco millones de pesetas, el 10 de noviembre de 2000, dos días después del registro en su domicilio. Se considera que no hay «peligrosidad social» relevante, en la medida en que se permite que, después de que su familia haga efectivo el importe de la fianza, Eduardo vuelva a casa. Sin embargo, seis días después, el juez rectifica su decisión y vuelve a ordenar el ingreso, esta vez sin fianza. Qué ha pasado?

El Mundo dedica varias pàginas de noticias al caso de Eduardo. Cuestiona los fundamentos del juez a la hora de estimar que Eduardo estáinsertado familiar y socialmente, y esgrime dos argumentos para exigir, en su editorial del 15 de noviembre de 2000, que Eduardo debe estar encarcelado: el primero es la «correspondencia habitual» que Eduardo mantenía con presos. Dicen, en segundo lugar, que la pólvora supuestamente encontrada en su casa es «idéntica» a la que utilizan estas dos organizaciones en sus atentados.

La sentencia del 12 de enero de 2004 demuestra que Eduardo no envió los paquetes-bomba, que no pudo haber recibido y que, de hecho, no recibió la orden de enviarlos por parte de ningún preso, y que ademàs, la pólvora de los paquetes no se corresponde con la sustancia que la policía dice haber encontrado en su habitación. Por qué, entonces, decide el juez Del Olmo ceder a las presiones de los medios en el caso de Eduardo?

La campaña mediática presupone en Eduardo relaciones falsas con grupos a los que nunca estuvo vinculado. No nos referimos sólo a ETA o los GRAPO, sino a las órdenes inexistentes de presos anarquistas a los que nunca se abrió investigación pr estos hechos. Se agitan, en algo que parece claaramente un juicio paralelo, incidios de vinculación con algunos de los temas más estigmatizados del panorama político, con lo que podría parecer evidente la intención de criminalizar a Eduardo. Sin pruebas.

Se ignora su presunción de inocencia y se vierten mentiras durante largas semanas, proceso en el que son activos los partidos políticos de la oposición: varios de ellos espetan al juez Del Olmo cuando pone en libertad con fianza a Eduardo y solicitan una investigación sobre el tema. La trama se revuelve a niveles surreales: el juzgado será sistemáticamente presionado por no sólo los medios de comunicación, sino también por las injerencias del poder político concentrado en el legislativo, y, por último, por las declaraciones públicas del Director General de la Policía, Juan Cotino, dentro de la cúpula del Ministerio del Interior que entonces dirigía Jaime Mayor Oreja. Finalmente, se logra el objetivo de que Eduardo pague por un relato lleno de incoherencias, intervenciones ilegítimas y presiones.

Las razones parecen evidentes. Los paquetes-bomba, cuya autoría nunca fue aclarada, estaban dirigidos contra periodistas de los mismos medios que lanzan la campaña. Buscan ràpidamente un culpable, creen haberlo encontrado y se anticipan a la acción de la justicia, exigiéndole determinaciones que no contribuyen a aclarar el caso, pero que en cualquier caso logran que alguien, Eduardo, sea encerrado. Nunca llegaron las rectificaciones, una vez que Eduardo fue absuelto. Se agita el tópico del activista «anarquista», se vierten màs mentiras sobre la organización a la que pertenecía y se atan cabos sueltos. Resultado: Eduardo en prisión, pruebas no concluyentes, fin de la alarma.
Qué nos queda hacer? El Indulto:

En espera de que se resuelva el recurso que el abogado de Eduardo ha presentado ante el Tribunal Constitucional, la prioridad de la familia es que pueda salir de la càrcel cuanto antes. Para ello, sus padres han interpuesto una solicitud de indulto; para apoyarlo, te pedimos que firmes las cartas que acompañan a este dossier y nos las envíes a la dirección postal que indicamos màs arriba. Nuestra prioridad es que Eduardo abandone la càrcel. Sostendremos su inocencia a toda costa. En el relato que tienes delante, entendemos, hay indicios suficientes como para llegar a pensar que Eduardo es víctima de una situación absurda que le mentiene encerrado, pagando solo las incoherencias de hechos que no han acabado de ser demostrados. Si has llegado a intuir algo parecido, te pedimos que concedas a Eduardo el voto de confianza que necesita para poder salir de la càrcel y volver a tener una vida normal.

Antes de ingresar en prisión, Eduardo era una persona plenamente «insertada» en la sociedad: tenía trabajo, tiene pareja, colaboraba habitualmente con colectivos de solidaridad internacional, medios de comunicación alternativos y hacía trabajo sindical.

El hecho de tener que ingresar en prisión no sólo le impide seguir con sus actividades, amistades y su vida de siempre, sino que tiene que afrontar cuatro años encerrado, en condiciones similares a las de su primera estancia en prisión. Aunque se le condena por un delito de tenencia de explosivos, al que no le corresponde una clasificación de FIES, Instituciones Penitenciarias ha establecido una absurda vinculación entre su primer y su segundo proceso judicial: ahora estáclasificado como FIES 3 por lo que le ha sido denegado el tercer grado y mantienen intervenidas y restingidas sus comunicaciones con el exterior, ademàs de impedirle realizar ciertas actividades en el centro.
Cómo puedes ayudarle?

Te pedimos que leas atentamente el dossier que se encuentra en esta pàgina web. Que bajes las cartas de apoyo a la solicitud de indulto que encontraràs en esta misma pàgina, que las imprimas y las firmes, que pidas a tus compañeros, amigos y conocidos que hagan lo mismo, y que las envíes a la dirección postal que señalamos màs adelante. Si formas parte de una organización, partido, entidad social o lo que sea, que pidas a tu grupo que también la firme y que difunda esta petición. Si tenéis una pàgina web, os pedimos que pongàis un banner a esta pàgina web, para que mucha gente pueda acceder a esta petición y lleguen màs cartas.

Para que Eduardo pueda salir cuanto antes, la solicitud de indulto presentada por su familia debe ir acompañada de cuantas cartas sea posible, reforzando la petición de que sea liberado y demostrando que ésta cuenta con un respaldo social amplio. Ayúdanos a conseguirlo.

Apoya. Firma. Difunde.

Libertad para Eduardo García