05-12-2005 12:53:02 - Mundo indígena - Leido 152 veces
Universidad ARCIS, de Arte y Ciencias Sociales
Departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas
Santiago de Chile, enero de 2000
PRESENTACIÓN GENERAL
En el presente documento se denuncian las acciones de una empresa y las conductas, procedimientos y resoluciones administrativas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo mapuche-pehuenche, cometidas con ocasión del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco en la zona del Alto Bío-Bío, VIII Región del Bío-Bío y IX de la Araucanía de Chile, proyecto hidroeléctrico que es desarrollado por la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), empresa chilena privatizada (ex - estatal) cuyo control accionario está en manos actualmente de la empresa ENDESA-España, desde mediados de 1999.
La construcción de la Central Ralco, que apresuradamente avanza en sus obras iniciales, implicaría el desarraigo y la relocalización de numerosas familias y miembros de las comunidades mapuche-pehuenches de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, en el Alto Bío-Bío, y el traslado forzado ("evicción forzada" - "forced eviction", en la nomenclatura legal anglo-sajona) de todas aquellas familias y propietarios indígenas que se oponen al proyecto y que se niegan a ser desplazados de sus tierras ancestrales.
Para lograr materializar su proyecto, ENDESA ha aplicado sobre la población indígena afectada una política sistemática y permanente para quebrar y desarticular su oposición inicial casi unánime al proyecto, irrumpiendo en las vidas y tierras pehuenches sin consideración alguna con sus costumbres, desconociendo sus modos colectivos de tomar decisiones y ejerciendo una presión intolerable sobre sus miembros.
Numerosos antecedentes y estudios llevan a concluir que de materializarse la construcción de la central hidroeléctrica, las personas y comunidades indígenas cuyas tierras serían inundadas, sufrirían una desintegración social y cultural como pueblo y un quiebre irreversible en sus formas identitarias de vida, vinculadas indisolublemente a sus tierras.
Lo anterior implica un atropello flagrante de derechos inviolables de los pueblos indígenas u originarios, que tanto la legislación nacional chilena, como la española y la internacional consagran, y un atentado contra la supervivencia del pueblo mapuche-pehuenche.
En la concreción de este proyecto hidroeléctrico, ENDESA ha contado con el apoyo y la intervención política abierta, categórica y pública del gobierno chileno, quien no ha dudado desde el primer momento en calificar al Proyecto de ENDESA como una iniciativa estratégica indispensable para el desarrollo económico del país, desconociendo los abundantes antecedentes que ponen en entredicho su conveniencia y ventajas, e incluso su rentabilidad social y oportunidad económica, amén de los graves e irreversibles efectos sociales que generaría.
El devastador impacto que ha provocado ENDESA en la convivencia, cultura y vida comunitaria de los mapuche- pehuenches del Alto Bío-Bío, así como sus ominosos efectos previsibles sobre su supervivencia como pueblo, serían constitutivos del delito de genocidio sancionado en la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificados por Chile y por España, y, especialmente, en la figura del genocidio que contempla el Código Penal Español (Art. 607) y en su comisión participarían directivos y funcionarios chilenos de ENDESA, en Chile, y ahora de ejecutivos y directores españoles, como también altas autoridades del gobierno de Chile en ejercicio en los años 1994 - 2000.
Para ver el informe completo: Proyecto Ralco de ENDESA en Chile
Departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas
Santiago de Chile, enero de 2000
PRESENTACIÓN GENERAL
En el presente documento se denuncian las acciones de una empresa y las conductas, procedimientos y resoluciones administrativas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo mapuche-pehuenche, cometidas con ocasión del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco en la zona del Alto Bío-Bío, VIII Región del Bío-Bío y IX de la Araucanía de Chile, proyecto hidroeléctrico que es desarrollado por la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), empresa chilena privatizada (ex - estatal) cuyo control accionario está en manos actualmente de la empresa ENDESA-España, desde mediados de 1999.
La construcción de la Central Ralco, que apresuradamente avanza en sus obras iniciales, implicaría el desarraigo y la relocalización de numerosas familias y miembros de las comunidades mapuche-pehuenches de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, en el Alto Bío-Bío, y el traslado forzado ("evicción forzada" - "forced eviction", en la nomenclatura legal anglo-sajona) de todas aquellas familias y propietarios indígenas que se oponen al proyecto y que se niegan a ser desplazados de sus tierras ancestrales.
Para lograr materializar su proyecto, ENDESA ha aplicado sobre la población indígena afectada una política sistemática y permanente para quebrar y desarticular su oposición inicial casi unánime al proyecto, irrumpiendo en las vidas y tierras pehuenches sin consideración alguna con sus costumbres, desconociendo sus modos colectivos de tomar decisiones y ejerciendo una presión intolerable sobre sus miembros.
Numerosos antecedentes y estudios llevan a concluir que de materializarse la construcción de la central hidroeléctrica, las personas y comunidades indígenas cuyas tierras serían inundadas, sufrirían una desintegración social y cultural como pueblo y un quiebre irreversible en sus formas identitarias de vida, vinculadas indisolublemente a sus tierras.
Lo anterior implica un atropello flagrante de derechos inviolables de los pueblos indígenas u originarios, que tanto la legislación nacional chilena, como la española y la internacional consagran, y un atentado contra la supervivencia del pueblo mapuche-pehuenche.
En la concreción de este proyecto hidroeléctrico, ENDESA ha contado con el apoyo y la intervención política abierta, categórica y pública del gobierno chileno, quien no ha dudado desde el primer momento en calificar al Proyecto de ENDESA como una iniciativa estratégica indispensable para el desarrollo económico del país, desconociendo los abundantes antecedentes que ponen en entredicho su conveniencia y ventajas, e incluso su rentabilidad social y oportunidad económica, amén de los graves e irreversibles efectos sociales que generaría.
El devastador impacto que ha provocado ENDESA en la convivencia, cultura y vida comunitaria de los mapuche- pehuenches del Alto Bío-Bío, así como sus ominosos efectos previsibles sobre su supervivencia como pueblo, serían constitutivos del delito de genocidio sancionado en la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificados por Chile y por España, y, especialmente, en la figura del genocidio que contempla el Código Penal Español (Art. 607) y en su comisión participarían directivos y funcionarios chilenos de ENDESA, en Chile, y ahora de ejecutivos y directores españoles, como también altas autoridades del gobierno de Chile en ejercicio en los años 1994 - 2000.
Para ver el informe completo: Proyecto Ralco de ENDESA en Chile